Rafael López Aliaga busca postular como primer regidor para Lima

La propuesta del dirigente se basa en aprovechar un vacío en la normativa electoral actual. Dado que no existe la figura de «teniente alcalde» en la ley, su inscripción en la lista de regidores es legalmente válida, aunque genera fuertes cuestionamientos sobre el espíritu de la norma de alternancia democrática.

El abogado especialista en derecho electoral, José Naupari, señaló que la prohibición busca renovar cuadros partidarios y evitar la permanencia de figuras en el mismo cargo. No obstante, precisó que la postulación de López Aliaga no transgrede la norma porque el candidato no estaría postulando formalmente al puesto de alcalde para el cual fue electo anteriormente.

Estrategias legales y escenarios de gestión

El politólogo Víctor Velásquez identificó dos escenarios en los que el líder de Renovación Popular podría asumir la conducción de la capital. El primero ocurriría antes del sufragio, si el candidato a alcalde de la lista renunciara o fuera retirado por el partido; el segundo sería durante la gestión, mediante una «autovacancia» planificada tras la vacancia del titular.

Respecto a su situación en el Congreso, López Aliaga aclaró que no tiene intención de asumir el cargo de senador para evitar incompatibilidades con la gestión municipal. El experto Velásquez advirtió que, de jurar como parlamentario, quedaría impedido de postular a cualquier cargo distinto al legislativo.

En diálogo con medios, el líder de Renovación Popular manifestó su decisión de no recoger la credencial parlamentaria para priorizar su retorno a la gestión local. Sobre este punto, Naupari indicó que es una medida lógica para evitar las restricciones legales que impone la incompatibilidad de funciones.

Actualmente, la lista provincial de Renovación Popular figura en el portal del JNE bajo el estado «en borrador». Esta demora podría deberse a falta de documentación o cambios de última hora en los candidatos designados por el partido antes del cronograma.

Finalmente, mientras la legalidad de la maniobra está garantizada por las ambigüedades de la legislación actual, la viabilidad política de esta estrategia quedará en manos de la decisión de los ciudadanos en las urnas.