ESTADOS UNIDOS | Los posibles veredictos que debate el jurado en el proceso contra Lindsay Clancy, la madre acusada de matar a sus tres hijos en EE.UU.

La defensa de Clancy sostiene que la mujer sufrió alucinaciones y escuchó voces que le ordenaron cometer los crímenes tras el nacimiento de su hijo menor en 2023. Por el contrario, la fiscalía argumenta que la madre tomó una decisión calculada y que, en el momento de los hechos, era capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.

Bajo las leyes de Massachusetts, la defensa no tiene la obligación de probar la enfermedad mental de la acusada. En cambio, la fiscalía debe demostrar que Clancy era penalmente responsable, lo que implica probar que no padecía una patología o que, aun padeciéndola, mantenía el control sobre sus acciones.

El escenario legal presenta diversas alternativas para los jurados, quienes consideran que un veredicto de no culpabilidad es poco probable. Lo más factible es una condena por no culpabilidad por razón de trastorno mental, lo que derivaría en el internamiento de la mujer en un hospital psiquiátrico en lugar de una prisión estatal.

Opciones legales y penas posibles

En caso de ser declarada culpable de asesinato en primer grado, la ley de Massachusetts impone una pena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este veredicto se aplicaría si el jurado determina que hubo atrocidad, crueldad extrema o premeditación, factores que la fiscalía busca demostrar para descartar atenuantes.

Existe también la posibilidad de una condena por asesinato en segundo grado, que conlleva cadena perpetua pero permite la posibilidad de libertad condicional. Esta categoría se aplica a homicidios cometidos con malicia o extrema imprudencia, pero sin una planificación previa que alcance el nivel de premeditación del primer grado.

Finalmente, el jurado tiene la opción de dictar un veredicto por homicidio involuntario, definido como un acto no intencionado cometido en una conducta temeraria. Esta opción, que permite una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, se basa en la premisa de que la decisión de Clancy se tomó en una fracción de segundo sin planificación previa.

La fiscalía puso en duda la veracidad de las voces que la mujer afirma haber escuchado, mientras que la defensa enfatizó la gravedad de la enfermedad mental. El caso se reduce, en última instancia, a determinar si el futuro de la acusada transcurrirá en una institución de salud mental o en una celda de prisión.