Perú
PCM publica proyecto para adaptar normas legales peruanas al comercio digital
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso la publicación de un proyecto para modificar el Reglamento del Libro de Reclamaciones con el fin de adecuar las normas a las plataformas digitales de comercio electrónico.
Esta medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 244-2026-PCM, busca integrar las exigencias de la Ley N.° 32495. La normativa obliga a los proveedores que operan en entornos virtuales a contar con un Libro de Reclamaciones disponible tanto en formato físico como virtual.
El proceso contempla un periodo de consulta pública para recibir aportes de entidades públicas, privadas y de la ciudadanía durante 15 días calendario tras su publicación. Los interesados podrán enviar sus sugerencias a través de la Mesa de Partes Virtual del Indecopi o de forma presencial en las oficinas de la institución a nivel nacional.
Para facilitar la participación ciudadana, el texto también habilita el canal electrónico consultaciudadana@indecopi.gob.pe para la recepción de comentarios. La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor será la encargada de procesar y sistematizar las propuestas recibidas durante este plazo.
Nuevas normativas en gestión pública
Foto: commons.wikimedia.org
En un ámbito distinto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó mediante el Decreto Supremo N.° 140-2026-EF el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1252. Esta norma regula el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), orientado a optimizar el uso de recursos públicos para infraestructura y servicios.
Por otro lado, el Organismo Especializado en Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) oficializó la versión 2 de la Directiva N.º 012-2025-OECE-CD. Esta actualización responde a los cambios del Decreto Supremo N.º 001-2026-EF y busca mejorar la eficiencia y predictibilidad en los procesos de contratación pública.
La nueva directiva del OECE se aplica específicamente a las instituciones arbitrales y a los centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. El objetivo principal es fortalecer las capacidades de las entidades contratantes de los tres niveles de gobierno y optimizar la interacción con los proveedores.
Las normas legales peruano vigentes buscan modernizar la interacción entre el Estado y los ciudadanos, así como mejorar la transparencia en la gestión de inversiones públicas. Estas medidas aseguran que tanto el comercio electrónico como las contrataciones estatales se ajusten a estándares de mayor agilidad.
Redacción basada en reportes de El Peruano. Ver fuente original.