Economía
Mincetur pide a EE.UU. excluir a Perú de propuesta arancelaria por comercio forzoso
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) solicitó a Estados Unidos excluir al país de una propuesta arancelaria que busca imponer tasas del 10% al 12.5% a 60 economías por no bloquear suficientemente el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso.
La medida fue planteada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que identificó a Perú junto a otras naciones como Brasil, Chile y Colombia en un grupo sujeto a una sobretasa del 12.5%. El objetivo de Washington es sancionar a países que, según su interpretación, no cuentan con mecanismos lo suficientemente estrictos para impedir la importación de insumos producidos bajo condiciones laborales forzadas.
Durante una audiencia pública en Washington, José Luis Castillo Mezarina, director de negociaciones comerciales del Mincetur, defendió la posición nacional. El funcionario sostuvo que no existe una carga concreta sobre el comercio estadounidense ni se ha cumplido el estándar probatorio exigido por la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para justificar un arancel de esta naturaleza.
La implementación de este arancel Perú Estados Unidos podría comprometer la competitividad de las exportaciones nacionales en uno de sus mercados principales. El impacto final dependerá de las evaluaciones que realice la USTR tras concluir el proceso de consulta pública y de las posibles exenciones para categorías específicas de productos.
Controversia sobre la medida comercial
La propuesta no implica una acusación directa contra Perú por utilizar trabajo forzoso, sino que apunta a la falta de controles en las cadenas globales. No obstante, la iniciativa enfrenta críticas internas en Estados Unidos; 22 fiscales generales demócratas y el think tank Progressive Policy Institute calificaron la medida como un intento de justificar aranceles amplios bajo una fachada de defensa laboral.
El análisis del Progressive Policy Institute sugiere que estos gravámenes podrían costar alrededor de US$100,000 millones anuales a los consumidores y empresas estadounidenses. Los críticos argumentan que, en lugar de ser un mecanismo eficaz para proteger derechos humanos, la medida funcionaría como una herramienta proteccionista contra socios comerciales clave.
La USTR inició las investigaciones bajo la Sección 301 el 12 de marzo de 2026 y concluyó el 2 de junio que las políticas de varios países son «irrazonables». Actualmente, el organismo mantiene un proceso abierto para evaluar los pedidos de exclusión y las solicitudes de sectores afectados antes de tomar una decisión definitiva.
Otros países de la región, como México, Guatemala y Ecuador, también han rechazado los cuestionamientos y solicitado exenciones durante las audiencias. En el caso de México, se argumenta que no hay evidencia de ingreso de bienes con trabajo forzoso a través de su territorio.
Redacción basada en reportes de Perú21. Ver fuente original.