Perú
Ley de contrataciones públicas Perú flexibiliza normas para condenados
La nueva Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, ha generado controversia al modificar los impedimentos para contratar con el Estado. Este cambio en la normativa de las ley contrataciones publicas Perú corrupción ha abierto una puerta legal que beneficia a empresarios con condenas penales.
El nuevo marco legal, parte del legado del gobierno de Dina Boluarte, representa una disminución en la rigurosidad para evaluar los lazos entre empresas y personas condenadas. Específicamente, el Artículo 30 de la Ley N° 32069 establece que el impedimento para contratar con el sector público solo aplica al representante legal de la compañía. Este enfoque limita la responsabilidad legal a la persona que ejerce la representación.
Esta modificación marca un cambio respecto a la antigua Ley N° 30225. La normativa anterior contemplaba un alcance mucho más amplio, determinando la vinculación de cualquier persona condenada con una empresa. En ese caso, la empresa asociada no podía participar en licitaciones públicas, sin importar si la persona condenada era el representante legal.
Estrategias legales y casos de impacto
Foto: flickr.com
El cambio permite que un individuo condenado, incluso si es el fundador de la empresa, pueda evadir el impedimento mediante estrategias legales. Por ejemplo, si la persona renuncia a sus poderes, la empresa podría volver a estar habilitada para contratar con el sector público. Este mecanismo fue observado en el caso de Aniceto Argüelles, condenado por intentar sobornar a una magistrada en un caso de adquisición fraudulenta de terrenos.
A pesar de la grave sentencia contra Argüelles, su empresa ha podido seguir accediendo a contratos millonarios. Esto se logró al recurrir a estrategias como la renuncia de Argüelles a ser representante legal de Industrias Argüelles y la entrega de la presidencia del directorio a su esposa. Esta combinación de maniobras y la nueva ley facilita la participación de empresas fundadas por condenados.
Es preciso señalar que la Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069) fue promulgada en junio de 2024. La responsabilidad de esta postura indulgente con los condenados recae en la entonces presidenta Dina Boluarte y su primer ministro Gustavo Adrianzén, quienes han sido señalados por la medida.
Mientras la ciudadanía reclama por medidas más estrictas para combatir la corrupción, el Artículo 30 representa una apertura legal que permite a cualquier empresario con antecedentes penales ver a su compañía participar en licitaciones sin mayores obstáculos.
Redaccion basada en reportes de Sudaca. Ver fuente original.