Keiko Fujimori propone aumento militar y recorte en seguridad ciudadana en Perú

El Ejecutivo ha planteado un aumento del gasto total en un 3,5% respecto al año anterior. No obstante, el análisis de la distribución del dinero revela prioridades distintas a las que exige la ciudadanía. El sector de Orden Público y Seguridad sufrirá un recorte de S/519 millones, pasando de S/15.857 millones en 2026 a S/15.338 millones en 2027.

Este ajuste presupuestal afecta directamente programas clave, como el de Reducción de delitos y faltas, cuyos recursos caen de S/6.878 millones a S/6.494 millones. Este escenario genera un marcado contraste con la inversión en Defensa, donde los recursos pasarían de S/665 millones en 2026 a S/2.548 millones en 2027, lo que representa un aumento del 283%.

La apuesta por la modernización militar

El incremento de fondos se concentra en la recuperación de capacidades estratégicas militares. Entre los proyectos más destacados se encuentra la rehabilitación de aeronaves de combate en La Joya, Arequipa, la modernización de la fuerza de superficie de la Marina en el Callao y una nueva etapa para el plan maestro de la Base Naval del Callao.

«Me parece una contradicción afirmar que se enfrenta a la inseguridad y a su vez que se reduzca el presupuesto para el sector Interior y la Policía»

Esta postura de contradicción fue señalada por Wilfredo Pedraza, exministro del Interior. Por su parte, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, cuestionó que la reducción del 3,3% en el presupuesto de Orden Público afectará el patrullaje policial y los programas de seguridad ciudadana.

Valdés y Pedraza argumentaron que el enfoque en la capacidad militar, como la adquisición de aviones de caza F-16 o la modernización de la base naval, desvía recursos que son más urgentes para combatir la criminalidad en las calles. José Luis Gavidia, exministro de Defensa, también consideró un error reducir los recursos destinados a seguridad en medio del avance de la delincuencia.

El debate sobre la asignación de fondos pone en evidencia la tensión entre la necesidad de resultados inmediatos en seguridad y las inversiones a largo plazo en capacidades militares. El Gobierno deberá explicar por qué el mayor salto de inversión se orienta a las Fuerzas Armadas y no a reforzar la respuesta policial ante el crimen.

Los expertos también advirtieron que, sin fondos suficientes para inteligencia, laboratorios de criminalística y la renovación del parque automotor policial, la promesa de combatir la inseguridad será ineficaz. La partida presupuestal, para ellos, es la única prueba del compromiso político.