Perú
Keiko Fujimori lanza plan militar contra crimen organizado en Perú
La nueva gestión de Keiko Fujimori marca un punto de inflexión tras una década de inestabilidad institucional y el avance del crimen organizado en el país. El Ejecutivo prioriza un plan de seguridad basado en la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir la extorsión y la minería ilegal.
El mandato de la presidenta se define por un diagnóstico crítico sobre la vulnerabilidad del Estado ante economías ilícitas altamente rentables. A diferencia del terrorismo ideológico de décadas pasadas, el escenario actual está dominado por bandas transnacionales y amenazas híbridas que han debilitado las estructuras institucionales.
La estrategia de seguridad incluye el despliegue militar en zonas de emergencia para asistir a la Policía Nacional del Perú (PNP). Según el especialista Mario Medrano, esta medida busca proteger a los comerciantes frente a la violencia de grupos como el Tren de Aragua y facciones locales como Los Pulpos de Trujillo.
El enfoque de «mano dura» y el programa económico ortodoxo reflejan el estilo de gestión de su padre, Alberto Fujimori. Además, la mandataria ha manifestado su intención de integrarse al «Escudo de las Américas» de Donald Trump para fortalecer la cooperación en seguridad con otros gobiernos de la región.
Desafíos estructurales y criminalidad
Foto: flickr.com
El avance del crimen organizado se atribuye a una falta de continuidad en las políticas públicas durante los últimos años. Según Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI-DINI), gobiernos previos evitaron asumir los costos políticos de enfrentar el problema y solo aplicaron medidas mínimas de contención.
La minería ilegal, específicamente el tráfico de oro, ha desplazado al narcotráfico como la principal actividad criminal en el territorio. Este fenómeno es impulsado por la penetración de bandas extranjeras y la debilidad del aparato judicial ante las redes de extorsión sistemática.
Para revertir este escenario, los expertos coinciden en que no bastarán medidas de contingencia a corto plazo. Se requiere una reforma profunda en el sistema penitenciario, la inteligencia estatal y el aparato judicial para erradicar la corrupción transversal que facilita las actividades ilícitas.
El éxito del plan determinará no solo el rumbo interno del país, sino también la estabilidad regional. La gestión de Keiko Fujimori se enfrenta ahora a la tarea de restablecer la autoridad democrática y el respeto de la ley en un entorno de alta intensidad.
Redacción basada en reportes de Infobae. Ver fuente original.