Karina Garay propone medidas contra minería ilegal en Perú

El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) ha señalado que la actividad ilícita es la principal economía criminal del país, superando al narcotráfico. Este flagelo se ha vinculado estrechamente a redes de crimen organizado, lavado de activos, tráfico de insumos químicos, maquinaria y explosivos, además de corrupción y trata de personas. Los comuneros en regiones como Amazonas, Ucayali, Loreto y Madre de Dios reportan que grupos armados controlan territorios donde operan minas ilegales, utilizando a pobladores indefensos como «escudos humanos».

Garay, en representación del Colectivo PAS, enfatizó la necesidad de acciones inmediatas y de alto impacto. Destacó que es fundamental el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que, según la especialista, ha permitido la impunidad. Por ello, el OMI sugiere la eliminación de la ampliación del Reinfo y el diseño de un nuevo régimen temporal, denominado MAPE. Este modelo debería contar con metas verificables, trazabilidad obligatoria y salida automática por incumplimiento. Además, propuso que se fortalezcan los comandos especiales que operan en las zonas más afectadas, incluyendo Pataz. Asimismo, se debe elaborar una propuesta para que el Ejecutivo tome el control de las Plantas de Beneficio, ya que actualmente el Estado no ha fiscalizado su capacidad de producción ni los insumos que utilizan.

«El del Reinfo… se requiere un marco normativo que también pueda exigir el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, laborales, sociales y de salud.»

Para garantizar la efectividad de la lucha, es crucial la asignación extraordinaria de recursos públicos al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra. Garay también insistió en la aplicación inmediata del principio de responsabilidad, exigiendo que todo causante de un daño ambiental asuma los costos de reparación, sin excepción.

Según el OMI, el reto central del próximo gobierno no es prolongar regímenes transitorios de formalización, sino recuperar la capacidad estatal de gobernanza sobre toda la cadena de valor del oro, desde la extracción hasta la exportación. Esta lucha, que debe ser multisectorial, busca debilitar los impactos severos que la minería ilegal ocasiona en los ámbitos ambiental, social y económico.