Juntos por el Perú denuncia a canciller Ríos por fraude electoral

La denuncia constitucional fue presentada formalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señalando que el ministro habría realizado un «desmantelado arbitrario e injustificado» del sistema logístico, informático y diplomático encargado de custodiar los sufragios peruanos en el exterior. Según el petitorio, esta acción quebró principios fundamentales como la neutralidad estatal, la legalidad y la intangibilidad normativa.

Acusaciones sobre la logística electoral

Entre las principales imputaciones se encuentra la manipulación del proceso electoral desde dentro de la cancillería. El documento señala que el ministro habría afectado directamente a los mecanismos de fiscalización y a la cadena de custodia documental. Además, se cuestionó un incremento salarial que elevó los sueldos de embajadores y cónsules hasta alcanzar los 20,000 dólares mensuales.

«He sufrido de forma directa, inmediata y personal la afectación a las garantías de fiscalización, el quiebre de la cadena de custodia documental y la vulneración del derecho al sufragio limpio de miles de connacionales…» afirmó Pablo Salas Charca en el documento presentado.

El denunciante también detalló que el gobierno de transición encabezado por José María Balcázar ejecutó el cese de embajadores políticos en 17 países estratégicos, incluyendo España y Francia, pocas horas antes de la jornada electoral del 7 de junio. Este accionar fue señalado como un factor que comprometió gravemente la estabilidad logística.

Por otra parte, el texto denuncia una presunta injerencia externa en el proceso. Se mencionaron declaraciones del excanciller Hugo de Zela, quien manifestó públicamente que «votar bien» significaba elegir a alguien totalmente distinto al expresidente Pedro Castillo. Asimismo, se vinculó la presencia y actividades del embajador de Estados Unidos en Lima, Berni Navarro, con reuniones específicas con Keiko Fujimori y su asistencia al debate presidencial realizado el 31 de mayo de 2026.

Frente a las acusaciones, Carlos Pareja Ríos aseguró que no se ha encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral llevado a cabo en el exterior. El canciller desestimó la denuncia constitucional, reafirmando la transparencia del mecanismo de votación y negándose cualquier manipulación o fraude.

La acción legal interpuesta por Salas Charca busca concretamente que se declare la inhabilitación del ministro para ejercer funciones públicas por un plazo de diez años, además de solicitar una investigación penal completa. La denuncia acusa al canciller de incurrir en los delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales.