Perú
Joel Simon pide al fiscal Gálvez no iniciar proceso penal contra Gorriti por cohecho
Joel Simon, director de la Iniciativa para la Protección del Periodismo en CUNY, dirigió una carta al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, pidiendo que no se inicie un proceso acusatorio contra Gustavo Gorriti. La petición surge en respuesta a un informe reciente que solicita acción penal por cohecho, lo cual Simon califica como una clara violación a la libertad de prensa.
El llamado de Simon hace referencia directa al informe remitido por el fiscal Edward Casaverde al Ministerio Público el pasado 10 de julio. Dicho documento solicitó autorización para ejercer la acción penal contra Gorriti por presunto delito de cohecho. El periodista, a quien se acusa, ha sido objeto de este proceso que, según Simon, no tiene sustento legal ni periodístico.
«Iniciar un proceso acusatorio a Gustavo Gorriti en represalia por su trabajo periodístico representaría una clara violación a la libertad de prensa»
Simon, quien previamente fue director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas entre 2006 y 2021, señaló que el informe de Casaverde no solo es conceptualmente débil, sino que también contradice radicalmente lo que este fiscal había ordenado archivar sobre el mismo caso hace menos de un año. Esta inconsistencia ha generado cuestionamientos sobre la motivación detrás del cambio de postura.
Contradicciones y acusaciones en el Ministerio Público
El periodista sugirió que todo indica una irracionalidad peligrosa, entendiendo el proceso actual como una venganza contra los investigadores vinculados al caso Lava Jato. Según su análisis, se está utilizando la desinformación para presentar investigaciones de corrupción público-privada, transformándolas en lo que él denomina un «vulgar trueque de influencias e informaciones».
En el ámbito político, las acusaciones apuntan a fuerzas políticas como protagonistas. Se menciona que los principales actores detrás de la ofensiva desinformadora contra la investigación Lava Jato fueron los investigados de Fuerza Popular, apoyados por una maquinaria aprista. Además, se señala que Keiko Fujimori aplaudió los «testimonios» de Jaime Villanueva e inició una contraofensiva fiscal a través de una denuncia penal.
El análisis periodístico concluye señalando un retorno al control del Ministerio Público por parte de sectores considerados corruptos, reviviendo la situación previa al desencadenamiento de las investigaciones Lava Juez o Cuellos Blancos. El Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, y otros altos funcionarios han sido mencionados en contextos de destitución y restitución institucional.
La contradicción más palpable se centra en el fiscal Edward Casaverde: hace menos de un año examinó el mismo caso y resolvió declarar que los cargos eran insuficientes, mandando el proceso al archivo. Sin embargo, su informe actual presenta acusaciones sin ningún factor inductivo o evaluación deductiva que respalde el cambio.
El texto fuente también detalla que la fuente de Casaverde para esta nueva acusación depende casi enteramente de los testimonios de Jaime Villanueva. Este mismo testimonio fue la base central de la investigación fiscal previa, material que en su momento fue desestimado y mandado al archivo por el propio fiscal.
A pesar de las críticas, se subraya que el núcleo de la disposición del fiscal Gálvez sigue refiriéndose a la llamada “Operación Valkiria” y a las confesiones de Jaime Villanueva.
Redacción basada en reportes de IDL-Reporteros. Ver fuente original.