Perú
JNJ acusa a jueces y fiscales en Perú por decisiones jurisdiccionales
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidida por María Teresa Cabrera, ha sido acusada de utilizar procesos disciplinarios como un mecanismo para desestabilizar al Poder Judicial. Esta estrategia busca controlar a jueces y fiscales cuya independencia judicial incomoda al poder político.
El organismo se ha convertido en un foco de tensión legal, pues cualquier decisión administrativa o jurisdiccional es denunciada ante la JNJ. Recientemente, la Junta inició procesos disciplinarios contra cinco integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema: Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Magalli Bascones Gómez Velásquez. Estos jueces son figuras de reconocida trayectoria que participaron en casos complejos del sistema judicial.
La JNJ sanciona decisiones jurisdiccionales
Los procesos se iniciaron tras una denuncia ciudadana, y la razón es la decisión de inaplicar la Ley 32107 a un caso que involucra violación de derechos humanos. La ley y la jurisprudencia establecen que los temas jurisdiccionales no deben formar parte de un proceso disciplinario; en su lugar, existen mecanismos de apelación para cuestionar las resoluciones.
La presión se ha extendido a otros magistrados, como Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz, quienes también enfrentan procesos disciplinarios. Este clima de amenaza obligó a los nuevos jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada —incluyendo a Marco Angulo Morales, Javier Sologuren Anchante, Víctor Enríquez Sumerinde, Luis López Pinto, Nahyhon González Aguirre, Jony Peña Suasnabar y Wilfredo Ayala Valentín— a asumir una «responsabilidad patriótica».
Esta presión fue tan intensa que el presidente de la Corte, Jhonny Contreras, se vio obligado a renunciar y rechazar la resolución del CEPJ que había ampliado su mandato hasta diciembre.
Amenaza de descabezar al Poder Judicial
La tensión alcanzó un punto crítico cuando el congresista Alejandro Muñante presentó ante la JNJ una denuncia. Esta acción se dirige contra los integrantes del Consejo Ejecutivo (CEPJ), máxima instancia administrativa del Poder Judicial, incluyendo a Víctor Prado Saldarriaga y Elvia Barrios Alvarado.
Según la acusación de Muñante, el CEPJ incurrió en falta grave al haber prolongado el mandato del juez Jhonny Contreras hasta diciembre de 2026. La denuncia fue presentada tras las reuniones preparatorias para la autoconvocatoria a Sala Plena, señalando que las decisiones tomadas tres días antes ya constituían una irregularidad.
Si esta denuncia prospera, podría llevar al descabezamiento del Poder Judicial, dado que el Consejo Ejecutivo es su órgano de gobierno administrativo más alto. La situación evidencia actos concertados para desestabilizar el sistema judicial y someter a los jueces al miedo, un libreto ya vivido durante la dictadura de Fujimori-Montesinos.
Para cerrar este contexto, se espera que el pleno de la JNJ debata una propuesta para iniciar investigación contra todos los integrantes del Consejo Ejecutivo. La medida responde directamente a la denuncia presentada por el congresista Muñante y podría tener repercusiones inmediatas en las autoridades judiciales.
Redacción basada en reportes de La República. Ver fuente original.