El segundo ataque llega cuando los paramédicos ya están sobre el terreno. Lo saben. Saben que puede venir un segundo impacto, que esa es la táctica, que el objetivo a veces no son solo los heridos del primero , sino quienes acuden a ayudarles . Lo saben y avanzan igual, con las medidas de seguridad que pueden permitirse, que nunca son suficientes . Porque ningún chaleco antibalas protege de lo que cae desde arriba. Saben también que el atacante, Israel, está violando el derecho internacional humanitario , que establece de forma inequívoca la protección del personal sanitario . Y esperan que, si les matan, el mundo no se contente con la justificación de «daño colateral» ; que se reconozca que no eran víctimas accidentales, sino objetivos.
En las últimas semanas, decenas de centros de salud en Líbano han sido alcanzados o forzados a cerrar, y más de 100 sanitarios han sido asesinados en los ataques o mientras intentaban asistir a los heridos. La Organización Mundial de la Salud ha descrito estos ataques como un «flagrante desprecio» por las normas que protegen la asistencia sanitaria en conflicto.
Pero esto va más allá del desprecio. Es una estrategia que no solo destruye infraestructuras civiles, sino que busca erosionar la capacidad misma de cuidar, de asistir, de sobrevivir. Cuando estos ataques son deliberados o desproporcionados, constituyen crímenes de guerra bajo el derecho internacional.
Hace diez años, el 3 de mayo de 2016, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 2286 . El detonante había sido el bombardeo del hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, que dejó 42 muertos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y provocaron una indignación global: la violación de un hospital como lugar seguro hacía tambalear las reglas de la guerra.
La resolución no introducía nuevas normas, sino que reafirmaba lo que los Convenios de Ginebra ya establecen desde 1949: no atacar hospitals, proteger a los heridos y respetar al personal sanitario. Sin embargo, tenía una ambición política clara de convertir en urgencia lo que ya era una obligación jurídica y frenar una deriva que empezaba a situar los hospitales como objetivos de guerra.
En los últimos años, los ataques contra la asistencia sanitaria han alcanzado cifras sin precedentes en múltiples conflictos, de Gaza a Sudán, pasando por Ucrania o Líbano, con miles de incidentes documentados y un aumento de víctimas entre personal sanitario y pacientes. Llegamos a casi la mitad de 2026 obligados a admitir que los hospitales han terminado por normalizarse como objetivos de guerra . Y, con esta realidad, se cumple la primera década de una resolución que prometía exactamente lo contrario.
