Fondo paz Gaza Trump vacío tras cuatro meses sin financiación

La Board of Peace (Junta de Paz) fue presentada por Donald Trump como el órgano decisivo para coordinar la ayuda internacional y ordenar la transición tras el conflicto entre Israel y Hamás. Este mecanismo, establecido bajo el paraguas del Banco Mundial, tenía como objetivo central canalizar los fondos necesarios para la reconstrucción de Gaza. Los estados miembros inicialmente prometieron un paquete de ayuda de 7.000 millones de dólares, cifra a la que Trump sumó 10.000 millones de dólares en financiación estadounidense.

Sin embargo, el instrumento oficial para manejar este dinero sigue en cero, paralizando cualquier inicio de la reconstrucción. La falta de aportaciones por los canales multilaterales diseñados para garantizar la transparencia es el dato más crítico. A nivel global, la necesidad es abrumadora: la UE, la ONU y el Banco Mundial estiman que Gaza requerirá más de 70.000 millones de dólares en la próxima década.

Financiamiento parcial y ambigüedad legal

Aunque el fondo central está vacío, algunos países han aportado fondos limitados. Marruecos ha desembolsado unos 20 millones de dólares destinados a financiar la oficina de Nickolay Mladenov, alto representante para la posguerra de Gaza, y los salarios del comité tecnocrático palestino. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos comprometió 100 millones de dólares para entrenar una nueva fuerza policial gazatí, aunque el programa no ha podido arrancar y los fondos se encuentran congelados.

Estados Unidos también ha manifestado intenciones de aportar capital, aunque de manera indirecta. El Departamento de Estado busca reasignar unos 1.200 millones de dólares de ayuda a proyectos vinculados a la agenda de la Junta, pero estos fondos no irían directamente al organismo y aún no se han gastado. Además, Washington prevé entregar 50 millones de dólares para sus propias operaciones, partida que, según un asesor del Congreso, no está siendo gestionada por la Junta.

La debilidad más profunda del plan reside en su estatus legal. Legisladores estadounidenses han solicitado explicaciones sobre la naturaleza y los controles de la Junta, dudando de que cumpla con los requisitos de una organización internacional. Esta ambigüedad legal afecta directamente a los contratistas: la Junta ha comenzado a licitar trabajos de seguridad y reconstrucción, pero no ha adjudicado contratos, ya que las empresas desconocen qué ley se aplicaría en Gaza ni quién asumiría la responsabilidad legal.

En términos de gobernanza, la Junta enfrenta un desafío de coordinación. El comité palestino creado para administrar la Franja tampoco opera dentro del enclave, pues carece de medios para responder a la población. El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha descrito a la entidad como un organismo con jurisdicción similar a una agencia de la ONU, aunque la oposición demócrata la considera una estructura política hecha a medida de Trump, sin control externo alguno.

El plan de Trump dependía de tres condiciones fundamentales para su éxito: el desarme de Hamás, la retirada israelí y la reconstrucción. Lamentablemente, ninguna de estas tres condiciones ha avanzado hasta la fecha.