Perú
Fiscal Casaverde solicita acción penal contra Gorriti y fiscales por cohecho en Perú
El fiscal supremo Edward Casaverde emitió el informe N° 01-2026 solicitando la acción penal contra Gustavo Gorriti y los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez por presunto cohecho. El documento marca un giro radical tras la anulación de una disposición previa que descartaba indicios delictivos en el caso.
En diciembre de 2025, Casaverde había determinado que no existían elementos suficientes para procesar a los implicados, argumentando que los testimonios de Jaime Villanueva eran inconsistentes y carecían de corroboración. Sin embargo, tras la llegada de Tomás Gálvez a la Fiscalía de la Nación y la intervención de la fiscal suprema adjunta Karla Zecenarro, el escenario jurídico cambió drásticamente.
La fiscal Zecenarro anuló la decisión inicial bajo el argumento de una «indebida motivación», señalando que Casaverde debió aplicar un estándar de sospecha reveladora. Bajo esta nueva óptica, las contradicciones en los testimonios fueron calificadas como simples «imprecisiones periféricas» o «matices de percepción individual», otorgando un valor sustancial a las declaraciones de Villanueva.
En el informe más reciente, Casaverde ahora sostiene que existen indicios reveladores que acreditan la comisión de delitos por parte de Gorriti y los fiscales Vela y Pérez. Este cambio de postura implica que los dichos de Villanueva han pasado de ser considerados poco fiables en diciembre a convertirse en la evidencia central para sustentar la acción penal.
Cambios en el relato de los hechos
El informe N° 01-2026 también presenta una modificación en la narrativa del caso original. Mientras que en marzo de 2024 se detallaba que Gorriti habría contactado a la entonces fiscal de la nación Zoraida Ávalos para interceder por Rafael Vela, este nuevo documento omite dicha mención y se centra únicamente en la supuesta solicitud de beneficios mediáticos.
Este giro procesal ocurre en un contexto donde otras investigaciones basadas en las declaraciones de Jaime Villanueva han sido cerradas por falta de verosimilitud. Incluso el caso contra Patricia Benavides, archivado por Tomás Gálvez en mayo de este año, se fundamentó en la inexistencia de elementos de convicción objetivos.
El nuevo marco interpretativo convierte las publicaciones y acciones del periodista Gustavo Gorriti en pruebas directas de una dinámica funcional de beneficios mutuos. Bajo esta lógica, el fiscalía sostiene que el periodista habría diseñado estrategias de investigación para casos específicos como «Cocteles» a cambio de coberturas favorables.
La inconsistencia entre los dos informes de Casaverde radica en la metodología de valoración: mientras que en 2025 realizó una evaluación integral de todos los testigos, en julio de 2026 se limitó exclusivamente a las declaraciones de Villanueva. Esta decisión omite deliberadamente las contradicciones presentadas por otros declarantes que unánimemente negaron los hechos imputados.
Redacción basada en reportes de IDL-Reporteros. Ver fuente original.