Fenómeno El Niño Perú afecta economía y presupuesto estatal

El costo económico del fenómeno de El Niño trasciende lo visible, afectando principalmente lo que se interrumpe: días no trabajados, mercancías que no llegan a su destino, inversiones aplazadas y recursos destinados a la reconstrucción. Este impacto opera en tres frentes simultáneos —actividad, precios y presupuesto—, debilitando el margen de maniobra del Ejecutivo justo cuando más se requiere.

El impacto económico del fenómeno El Niño Perú

La magnitud del problema puede medirse con datos concretos. Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado en 2025, determinó que los episodios fuertes o muy fuertes de El Niño Costero reducen la producción pesquera en torno al 70% y la agrícola en cerca del 11% durante el primer año posterior al inicio del evento, comparado con el nivel esperado.

Además de la pérdida de producción, existe una dimensión distributiva que se vuelve crítica. La inflación climática opera como un impuesto sin ley ni parlamento, pero con una incidencia regresiva: los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor de su renta a bienes esenciales como alimentos, transporte y energía, componentes altamente expuestos a las disrupciones de la oferta.

La previsibilidad y la productividad perdida

Una diferencia clave es que el fenómeno no es un shock genuinamente imprevisible. De hecho, es recurrente y parcialmente previsible, ocurriendo de forma irregular cada dos a siete años y con hasta seis meses de antelación. Esta previsibilidad modifica la naturaleza del problema: la pregunta ya no es solo cuánto daño causó, sino qué parte pudo haberse evitado.

El impacto de estos ciclos se refleja en la macroeconomía. Por ejemplo, en Chile, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 0,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, en gran medida debido a la minería. El Banco Central proyecta para el año un crecimiento de apenas 1% a 1,75%, lo que resalta la vulnerabilidad de sectores clave ante interrupciones de accesos o suministro.

El costo más profundo, y menos visible, es la productividad perdida por la discontinuidad. No basta con medir la destrucción de infraestructura; es crucial cuantificar cuánto pierde una economía por la interrupción de la actividad. Esto incluye la capacidad de generar valor cuando los servicios básicos, como la red eléctrica o el suministro de agua, fallan.

Por ello, la adaptación climática debe trascender el ámbito de la política ambiental. Una represa, un drenaje urbano o una red eléctrica diversificada no deben valorarse solo por los activos físicos que preservan, sino por los días de normalidad que garantizan. La adaptación es, en este sentido, una política de productividad y un factor crítico de competitividad.

El Niño obliga a reconsiderar si el bajo crecimiento de la región responde únicamente a una productividad estructuralmente débil, o si también refleja las pérdidas recurrentes de actividad provocadas por shocks que dañan el capital y obligan a destinar recursos a la reconstrucción.