Perú
Feminicidio en el país deja a una mujer y su hijo sin vida, otro con secuelas
Un nuevo feminicidio en el país conmocionó a la ciudadanía esta semana tras el asesinato de una mujer y su hijo menor de edad. El ataque criminal dejó a otro menor como sobreviviente, quien quedó con secuelas traumáticas de por vida.
El caso resalta la urgencia de no deshumanizar las cifras estadísticas, pues cada registro representa una familia fragmentada y víctimas que requieren atención especializada. La violencia no es un hecho aislado, sino la expresión de relaciones de poder y discriminación que aún gozan de una preocupante tolerancia social.
Entre 2015 y 2024, se registraron casi 1,500 feminicidios en el territorio nacional. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportó que, entre junio de 2020 y abril de 2026, brindó asistencia económica a 1,541 hijos e hijas de 804 víctimas de feminicidio.
Desafíos para la seguridad ciudadana
La problemática se define como una dimensión crítica de la seguridad ciudadana, ya que la violencia ocurre tanto en espacios públicos como en el entorno doméstico. El Ejecutivo debe garantizar la rectoría del Ministerio de la Mujer, asegurar presupuesto para servicios especializados y fortalecer las medidas de protección ante situaciones de riesgo.
La ENARES 2024 reveló un panorama alarmante sobre la percepción social: el 75.7% de las personas justificaba situaciones de violencia hacia las mujeres y el 71.3% aprobaba actitudes sexistas. Estos datos subrayan la necesidad de combatir las condiciones estructurales que reproducen la violencia y la impunidad.
El Congreso tiene la responsabilidad de revisar los retrocesos legislativos de los últimos años para fortalecer el marco normativo de prevención y sanción. El objetivo es garantizar que ninguna persona viva sometida al miedo o la discriminación, mediante políticas que reconozcan las vulnerabilidades específicas de cada contexto.
La falta de una respuesta estatal efectiva permite que la violencia se normalice como una vulneración de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de implementar medidas diferenciadas de protección para asegurar una vida libre de violencia para todas las ciudadanas.
Redacción basada en reportes de Sudaca. Ver fuente original.