Perú

Extorsiones generan crisis de seguridad en Perú antes de elecciones

Miles de personas en el país enfrentan extorsiones que han generado un clima de inseguridad extrema y violencia en diversos sectores económicos. El fenómeno se expandió a todo el territorio nacional en el último quinquenio, provocando una crisis de seguridad ciudadana antes de las elecciones presidenciales.

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Una vecina graba con su teléfono móvil una escena en la que se observa a un oficial de policía. Foto de: Rodrigo Abd / Ap Photo/rodrigo Abd

En Trujillo, la criminalidad ha forzado a pequeños comerciantes a pagar cuotas mensuales para evitar ataques. En el sector del calzado en El Porvenir, se estima que unos 1.500 empresarios pagan a los extorsionadores para poder mantener sus actividades diarias bajo amenaza de violencia.

La violencia ha escalado mediante el uso de explosivos y secuestros violentos, como el caso del empresario Iván Díaz, quien fue torturado y secuestrado durante 11 días en 2023. En el último año, se registraron 136 detonaciones con dinamita en Trujillo, afectando a negocios y a la Fiscalía.

El impacto económico de esta inseguridad es severo; el Ministerio de Economía calculó que el costo para la economía nacional equivale a 1,7% del Producto Interno Bruto, lo que representa unos 5.000 millones de dólares anuales en gastos directos e indirectos.

Crecimiento de las denuncias y víctimas

Las denuncias por extorsión se quintuplicaron hasta alcanzar 28.948 casos el año pasado, mientras que los asesinatos se duplicaron hasta llegar a 2.226 en 2025. El sector transporte es uno de los más golpeados, con al menos 239 conductores asesinados el año pasado, la mayoría de ellos conductores de mototaxis.

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Foto de archivo (2013): Sede de la Policía Nacional del Perú
Foto: commons.wikimedia.org

La falta de recursos y tecnología impide que la Policía Nacional del Perú rastree las billeteras digitales utilizadas por los criminales para recibir pagos. El diputado electo Harvey Colchado señaló que la fuerza está desfinanciada y criticó un paquete de ocho leyes que, según él, dificultan el trabajo policial en casos de extorsión.

Las víctimas del delito han descrito su situación como una vida de encierro por temor a las represalias. Una de las afectadas, Gladys Saavedra, denunció la falta de protección estatal ante las amenazas constantes.

«No puedes ni asomar la cabeza por miedo a un balazo».

La situación actual genera una preocupación central en el electorado que definirá la presidencia el próximo 7 de junio. El contraste entre las zonas periféricas sin presencia policial y los sectores con alta seguridad privada refleja la brecha en la gestión de la seguridad pública.


Redacción basada en reportes de Los Angeles Times. Ver fuente original.

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