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EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa y exfuncionarios
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador del estado mexicano de Sinaloa y nueve exfuncionarios por presuntas conexiones con el cartel de Sinaloa. La acusación incluye cargos como tráfico de drogas, posesión de armas de fuego y secuestro.
La acusación presentada en un tribunal federal de Manhattan señala que los funcionarios fueron miembros del partido Morena, lo que plantea un dilema político para la presidenta Claudia Sheinbaum. Según el fiscal general adjunto interino Matthew Krull, los cargos incluyen conspiración para importar drogas ilegales a Estados Unidos y posesión de armas de fuego de alto calibre.
El gobernador Rubén Rocha Moya, quien asumió el cargo en noviembre de 2021, rechazó categóricamente las acusaciones. En un mensaje en X (anteriormente conocido como Twitter), afirmó que las declaraciones eran «completamente falsas y sin fundamento». El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó la importancia de combatir el crimen transnacional y fortalecer la transparencia entre ambos países.
El fiscal general adjunto interino Matthew Krull declaró que las acusaciones involucran a funcionarios del gobierno y fuerzas de seguridad en Sinaloa, quienes supuestamente ayudaron al cartel de Sinaloa a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hasta Estados Unidos. El cartel de Sinaloa es uno de los ocho grupos criminales latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense.
Además, la presión del gobierno de Trump llevó a que las autoridades mexicanas arrestaran y extraditaran a más de 100 operadores de alto nivel del cartel. En los últimos dos meses, las fuerzas militares mataron al líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», y arrestaron a Audias Flores, quien era posible sucesor.
Según el ministerio de Relaciones Exteriores de México, se han recibido varias solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense. La oficina del fiscal general determinará si hay suficiente evidencia para detener a los acusados.
Redaccion basada en reportes de The Guardian. Ver fuente original.