Salazar ofrece disculpa general por muerte de menores
El general Mauricio Salazar, jefe de la Fuerza Aérea de Ecuador, reconoció públicamente la responsabilidad del Estado por la desaparición y posterior muerte de cuatro menores afrodescendientes. Este acto se produce tras años de lucha judicial y es parte del cumplimiento de sentencias que exigen una disculpa general mauricio salazar ante las familias afectadas.
Imagen de la cobertura sobre Los 4 de Guayaquil: la histórica disculpa de un alto cargo militar de Ecuador po. Foto de: BBC Mundo
El caso se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando los niños Ismael y Josué Arroyo, Saúl, y Steven, desaparecieron en Guayaquil mientras jugaban fútbol. Días después, cuatro cuerpos fueron hallados carbonizados con señales de tortura en un río cercano a la base aérea de Taura, ubicada a 35 kilómetros de la ciudad.
Inicialmente, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, había atribuido la desaparición a «grupos delincuenciales». Sin embargo, tras una ola de indignación pública y la difusión de videos que confirmaron la participación militar en la detención, las autoridades cambiaron su versión. Se reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla compuesta por 16 militares.
Reconocimiento estatal ante desapariciones forzadas
Foto de archivo (2021): El lugar donde se ofrecieron las disculpas públicas Foto: commons.wikimedia.org
En un acto llevado a cabo en el malecón de Guayaquil, Salazar ofreció disculpas públicas y admitió la responsabilidad del Estado ecuatoriano. El general reconoció con «vergüenza y dolor» que se había cometido una desaparición forzada y posterior muerte de los cuatro niños, arrebatándoles su infancia.
«Comparezco ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías y ante la sociedad en su conjunto para reconocer, con vergüenza y dolor, que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes…»
La disculpa se da como cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, que declaró culpable al Estado y a los militares por violaciones a los derechos humanos. De hecho, en marzo de 2026, once militares recibieron condenas de 34 años y ocho meses de prisión.
Además del reconocimiento, el general Salazar se comprometió a adoptar medidas estructurales para evitar la repetición de estos hechos. Esto incluye implementar protocolos específicos para las fuerzas armadas en caso de actuar frente a niñas, niños y adolescentes (NNA), así como establecer procesos permanentes de formación en derechos humanos.
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El padre de los hermanos Arroyo relató que el conocimiento de su desaparición llegó por llamadas anónimas. En una de ellas, un desconocido le advirtió que debía buscar a sus hijos en el camino hacia la instalación militar de Taura, y más tarde recibió otra llamada avisándole que «la mafia se los llevó».
Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), calificó este acto como un momento para las familias. No obstante, el portal Primicias citó a Navarrete, quien advirtió que la problemática de desapariciones forzadas sigue abierta en Ecuador y recordó que aún existen decenas de familias buscando a sus seres queridos.