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Colombia enfrenta crisis ambiental en primera vuelta electoral
Colombia se prepara para su primera vuelta presidencial en medio de una creciente crisis ambiental. Expertos advierten que las propuestas de los principales candidatos no abordan desafíos urgentes como la deforestación, la minería ilegal ni la violencia contra líderes ambientales, dejando en evidencia la tensión entre la política y la protección ecológica.
Los especialistas han señalado que las propuestas ambientales de los tres candidatos que lideran las encuestas —Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia— han sido discretas y superficiales. Los programas políticos presentan vacíos en la atención a la deforestación, la minería, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática, temas cruciales en la actual crisis ambiental en las elecciones colombianas.
La situación de los defensores de derechos humanos es crítica. Un informe de Somos Defensores reveló que el año 2025 fue el más violento para estos líderes desde la llegada de Gustavo Petro al poder en 2022. En ese periodo se registraron 874 agresiones, de las cuales 165 fueron asesinatos, afectando a líderes indígenas, comunitarios y campesinos en el 88 % de los departamentos.
«En Colombia, en temas ambientales y de defensores seguimos siendo un país que se queda mucho en la retórica», declaró la científica Sandra Vilardy, exviceministra de Ambiente en la primera etapa del gobierno de izquierda.
Amenazas en la Amazonía colombiana
Foto: commons.wikimedia.org
La deforestación en la Amazonía colombiana no ha cesado. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó que el país perdió más de 72 mil hectáreas de bosque en 2025. Esta cifra representa un aumento del 6 % en comparación con el año 2024, a pesar de que el Gobierno mantiene la meta de reducir la deforestación en un 20 % respecto a 2021.
Los problemas ambientales se agravan con la presencia de actividades ilegales. Un sobrevuelo organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible evidenció incendios activos, carreteras ilegales, ganadería extensiva y cultivos ilícitos dentro de parques nacionales como Tinigua, Sierra de la Macarena y Chiribiquete. Los expertos señalan que la deforestación avanza de la mano del control armado y la expansión de economías ilegales.
La minería ilegal de oro representa otra amenaza devastadora. Una investigación de Mongabay Latam y Vorágine recorrió los ríos Inírida y Atabapo, en el departamento de Guainía, y halló 32 dragas que contaminan el agua con mercurio, poniendo en riesgo la salud y la supervivencia de pueblos indígenas. Además, el análisis satelital de Mongabay Latam detectó una vía ilegal, la carretera Tomachipán–Cumare, que atraviesa el Resguardo Indígena Nukak en el departamento del Guaviare.
Esta vía ilegal ha consolidado un corredor para el tránsito de grupos armados y el transporte de insumos para el narcotráfico. Su apertura ha acelerado la deforestación, la expansión de cultivos de coca y una grave crisis humanitaria marcada por desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y violencia sexual.
Los expertos coinciden en que temas como recuperar el control de áreas afectadas por grupos armados, proteger efectivamente a los defensores y formalizar las Entidades Territoriales Indígenas son desafíos urgentes para el país. Estos retos demuestran la complejidad de la gestión ambiental en el contexto de la violencia territorial.
Redaccion basada en reportes de Mongabay Perú. Ver fuente original.