Perú
Contraloría alerta sobre irregularidades en contrataciones y ascensos en la Defensoría del Pueblo
La Contraloría General de la República alertó sobre una serie de presuntas irregularidades en contrataciones, ascensos y designaciones dentro de la Defensoría del Pueblo. Los informes de auditoría señalan un patrón preocupante de profesionales sin experiencia previa en el sector público que habrían obtenido puestos en la institución.
Según los hallazgos de la Contraloría, se detectó un supuesto incumplimiento reiterado de los requisitos profesionales exigidos para diversos puestos. Los registros oficiales sugieren que profesionales que acudían al despacho del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, terminaban incorporándose a la institución poco tiempo después de dichas reuniones.
Entre los casos documentados, se destaca el de Lucía Yalán Cano. Ella se reunió con el titular de la Defensoría por más de dos horas el 12 de junio de 2024. Semanas después, la ciudadana obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP), recibió cinco órdenes de servicio consecutivas y, finalmente, fue contratada bajo el régimen CAS, a pesar de no haber trabajado previamente para el Estado.
Un caso similar ocurrió con Nicole Mingos Medrano, quien visitó el despacho de Gutiérrez en dos ocasiones el 30 de julio de 2024. Tres días después de su visita, tramitó su RNP, obtuvo cuatro órdenes de servicio y posteriormente fue contratada bajo el mismo régimen CAS.
Irregularidades en puestos de alta jerarquía
Las observaciones de control no se limitaron a los casos de ingreso. La Contraloría también detectó fallas en puestos de mayor jerarquía. Por ejemplo, Betbiary Díaz Coral fue designada en julio de 2024 como jefa del Programa del Derecho a la Salud, un cargo que exigía cuatro años de experiencia específica.
Sin embargo, el informe de control señaló que, si bien se consignó tres años y dos meses de experiencia, el documento presentado por la ciudadana acreditaba únicamente siete días de trabajo. A pesar de estas observaciones, Gutiérrez la designó posteriormente como asesora I y más tarde la ascendió al puesto de adjunta.
Otro caso que afecta la transparencia institucional es el de Margarita Yahuana Correa, excolaboradora parlamentaria vinculada al entorno de Gutiérrez. Mientras ocupaba una plaza CAS, postuló a un concurso interno para ingresar al régimen laboral 728. De acuerdo con la Contraloría, Yahuana intervino en la recopilación y consolidación de información administrativa del mismo concurso en el que participaba, lo cual habría afectado la transparencia del proceso.
Las involucradas, tanto Lucía Yalán Cano como Nicole Mingos Medrano, se contactaron con Cuarto Poder y negaron que sus nombramientos estuvieran vinculados a las reuniones con el titular de la Defensoría del Pueblo.
Redacción basada en reportes de Gestión. Ver fuente original.