Perú
Congreso aprueba ley para endurecer penas por uso de celulares en cárceles y combatir extorsión
El Congreso aprobó la Ley 32684 para endurecer las penas por el uso de celulares en cárceles y combatir la extorsión desde los penales. La normativa busca eliminar la impunidad de las organizaciones criminales que operan desde centros penitenciarios y establecimientos juveniles.
La nueva legislación modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para establecer sanciones más severas. El objetivo principal es cerrar la «puerta giratoria» que permite a los internos continuar con actividades delictivas desde sus celdas. La normativa establece penas de 15 a 25 años de prisión por extorsión agravada cometida desde un penal.
En cuanto al uso de dispositivos tecnológicos, la ley impone de 8 a 12 años de prisión por ingresar equipos de comunicación a los recintos. Si el responsable es una autoridad, abogado o servidor público, la sanción se eleva a un rango de 10 a 15 años, sumado a la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
El endurecimiento también alcanza a quienes porten o faciliten armas, explosivos o materiales tóxicos dentro de los centros, con condenas de hasta 15 años. Por otro lado, el uso indebido de telecomunicaciones se castiga con 8 a 10 años, mientras que las acciones que atenten contra la seguridad nacional pueden derivar en penas de hasta 15 años.
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Medidas para el control tecnológico
La normativa incluye disposiciones en el Decreto Legislativo 1688 y obliga a las empresas operadoras a brindar apoyo técnico para bloquear señales en los recintos. Las compañías deben colaborar con el Estado para detectar y neutralizar cualquier señal no autorizada que permita la comunicación externa de los internos.
La omisión de denuncia por parte de las autoridades sobre la existencia de equipos prohibidos conlleva una pena de entre cuatro y ocho años, además de inhabilitación. Actualmente, la posesión o tráfico de celulares no autorizados se sanciona con 3 a 8 años, mientras que el uso para cometer delitos alcanza los 15 años de prisión.
Durante los operativos de fiscalización, el personal penitenciario y la Policía Nacional del Perú (PNP) incautarán los dispositivos sin acceder a su contenido. Según informó un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el acceso a mensajes o información interna solo podrá realizarse mediante una autorización judicial previa.
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Osiptel y los gremios del sector de telecomunicaciones manifestaron reservas sobre la viabilidad técnica de estas medidas. Las entidades advirtieron que trasladar responsabilidades de seguridad estatal al sector privado podría afectar la continuidad del servicio para las poblaciones que residen en zonas urbanas colindantes a los penales.
Redacción basada en reportes de La República. Ver fuente original.