La decisión judicial se emitió luego de que el exparlamentario solicitara la suspensión de su pena. Los magistrados explicaron que, para que se otorgue este beneficio, deben cumplirse dos condiciones obligatorias de manera simultánea: que el delito no sea de gravedad extrema y que no exista riesgo de fuga por parte del sentenciado.
Según el tribunal, el delito de terrorismo es considerado uno de los más graves, ya que, argumentaron, estas actividades criminales generan «movimientos migratorios ocasionados por el traslado de las personas afectadas, aumento de la criminalidad, desaceleración de la economía generando el negocios». Además, señalaron que los implicados buscan «alterar el orden social, subvertir el orden constitucional».
Por otra parte, los jueces también determinaron que Bermejo no acreditó la ausencia de peligro de fuga. A pesar de que el exlegislador asistió a las audiencias, el tribunal advirtió que ya no cuenta con un trabajo conocido tras dejar el Congreso. Además, encontraron inconsistencias en su información personal, ya que su DNI indica que reside en Pueblo Libre, mientras que en el juicio juró que su domicilio estaba en Lince.
En un , el tribunal cuestionó lazos familiares sólidos. Si bien Bermejo afirmó estar casado, no demostró tener hijos ni especificar el lugar donde se radicaba su entorno familiar. Estos factores fueron determinantes para que los magistrados de la Tercera Sala Penal cerraran el debate, declarando que «no se cumple todos los presupuestos para la suspensión de la ejecución de la pena, los cuales son copulativos, por tanto, debe desestimarse el pedido solicitado».
Requisitos legales para suspensión de la pena
El exparlamentario intentó convencer a los magistrados de su total disposición a colaborar con el proceso. Recordó que, durante su primer juicio, se encontraba fuera del país en calidad de refugiado y bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Sin embargo, afirmó haber gestionado su retorno voluntario junto a las autoridades nacionales, manifestando que su regreso fue un acto de voluntad propia.
«Yo coordiné con el consulado peruano y la PNP para regresar al país, yo no sé cuántos casos conocen de personas acusadas de delitos como estos, retornen al país para sufrir carcelería como sufrí durante 4 meses y medio, solamente por el hecho de querer resolver esta situación del juicio»
La condena original fue impuesta en octubre de 2025. Bermejo fue hallado culpable de integrar células de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) entre 2008 y 2009. Por ello, la justicia le impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil de 100 mil soles a favor del Estado peruano.
Con esta decisión, Guillermo Bermejo se mantendrá recluido en el penal de Ancón hasta que la justicia determine si confirma o suspende su condena. El exparlamentario participó de forma consciente y voluntaria en campamentos subversivos de la zona, donde recibió adoctrinamiento ideológico y entrenamiento en el uso de armas.
