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Fallece Carmen Teresa Navas tras muerte de hijo preso político en Venezuela
Carmen Teresa Navas, madre de un preso político venezolano, falleció el domingo en Caracas. Su muerte se da pocos días después de que el Gobierno de transición de Venezuela confirmara oficialmente el fallecimiento de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, bajo custodia del estado chavista en julio de 2025.
La historia de Navas se enmarca en más de un año de denuncias públicas sobre la desaparición de su hijo. Víctor Hugo Quero fue detenido en Caracas en enero de 2025. Desde entonces, Navas recorrió cárceles e instituciones públicas, exigiendo información sobre su paradero en medio de una profunda crisis política y judicial en el país.
La confirmación de su muerte llegó el 24 de julio de 2025. Según el comunicado oficial del Ministerio del Servicio Penitenciario, Quero permaneció recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025. El ministerio aseguró que el preso político había sido trasladado a un hospital el 15 de julio de ese año, tras presentar una «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».
La reacción de la oposición ante la noticia
La revelación oficial generó fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad internacional, activistas y dirigentes opositores, quienes criticaron la tardanza en la información, la cual se dio casi diez meses después de los hechos. La organización Vente Venezuela, liderada por María Corina Machado, señaló que Navas fue víctima de la “crueldad más pura del régimen”.
“No solo asesinaron a su hijo, Víctor Hugo Quero, sino que la obligaron a buscarlo durante meses sabiendo que ya estaba muerto”, indicó la organización política en un comunicado.
Opositores como Juan Pablo Guanipa lamentaron el suceso, afirmando que “Por un año se burlaron cínicamente del dolor de una madre que buscaba a su hijo en las cárceles de la dictadura”. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado escribió: “No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”.
El caso, que se desarrolló en un contexto de denuncias permanentes de detenciones arbitrarias, fue un punto de atención tras una iniciativa de amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez. A pesar de la investigación penal anunciada por la Fiscalía venezolana, ONG de derechos humanos reclamaron una pesquisa independiente con acompañamiento internacional, calificando el caso como una “desaparición forzada”.
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